En la mayoría de los países, como es el caso de Guatemala, la administración pública es la forma que toma el Estado para el cumplimiento de sus fines. En ese sentido, en Guatemala éste se encuentra organizado en sus grandes segmentos como lo son: a) el gobierno central, que agrupa a las instituciones de los organismos ejecutivo, legislativo, judicial, de control jurídico administrativo, de control político, así también a las entidades descentralizadas no empresariales y autónomas no empresariales, y a las entidades de seguridad social; b) los gobiernos locales, que incluye a las municipalidades, mancomunidades y las entidades municipales no empresariales y de seguridad social; y, c) por último, se encuentran las empresas públicas financieras y no financieras, monetarias o no, de naturaleza nacional y municipal.

En tal virtud, la ley principal del ordenamiento jurídico guatemalteco, la Constitución Política de la República, indica, en sus primeros artículos, que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. De la misma forma, su deber supremo es garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

En ese sentido, la Corte de Constitucionalidad como máximo órgano en materia jurídica, en sentencia contenida en el expediente 2567-2017, determinó que “la finalidad fundamental de la administración pública es la obtención del bien común o bienestar general de toda la población, como lo establece la Constitución (…) Artículo 1º. Atendiendo a ello, se otorga al Estado, a través de las leyes, reglamentos y disposiciones generales, la facultad de limitar y regular los derechos individuales, los cuales, para hacerse efectivos en todos y cada uno de los integrantes de una sociedad, precisan de no ser absolutos sino pasibles de las fronteras que impone el derecho de los otros.”

Para algunos estudiosos de la materia, la administración pública ha recorrido una enorme distancia en el devenir histórico de la humanidad para reclamar su lugar como disciplina científica dentro del ámbito de las Ciencias Sociales, es decir que el tema de la administración pública que es la representación en la práctica del Estado, requiere ser objeto de un estudio adecuado para comprender mejor la importancia que tiene en la construcción del bienestar de los países.

Asimismo, se indica que la administración pública, que ya venía llevando una relación estrecha con el Derecho Administrativo, rápidamente fue recibiendo aportaciones de otras ramas como la ciencia política, las ciencias administrativas, el trabajo social, la psicología y la comunicación. De hecho, recientemente pudo observarse, con la aparición del covid19, que a la administración pública se le exigió acelerar su sinergia con la medicina y las tecnologías de información.

Por lo antes descrito, se puede concluir que la administración pública tiene su surgimiento en la sociedad, el ordenamiento jurídico y el mismo Estado. De igual forma, que, para efectos de análisis, desde la gestión financiera que realiza, puede conocérsele como el sector público de un país. Por lo que, para que sean atendidas todas las competencias de la administración pública, se requiere la aplicación de políticas públicas y el marco legal vigente, al igual que la gestión optima de recursos públicos, que conllevan la prestación de servicios y la generación de bienes en los ámbitos de la salud, educación, infraestructura, seguridad, vivienda, entre otros, en la búsqueda del desarrollo social, lo cual requiere de personas, que como empleados y/o funcionarios públicos, deberán cumplir con aspectos de ética y probidad, que también son aplicables a las personas que prestan servicios técnicos y profesionales bajo alguna forma de contratación permitida en la legislación.